La moción dice que los comerciantes se encuentran amparados por la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), una legislación de 2005 que protege a los fabricantes y vendedores de armas de responsabilidad cuando sus productos son utilizados en un delito.

La denuncia, presentada en octubre, se produjo días después de que un juez desechara otra demanda del gobierno mexicano por 10 mil millones de dólares contra fabricantes de armamento buscando responsabilizarlos por facilitar su acceso a los violentos cárteles de la droga.

El juez de ese caso citó la PLCAA en su decisión, la cual México está apelando.

Como se esperaba, las demandadas argumentan que pueden seguir vendiendo armas a quien sea”, dijo Alejandro Celorio, asesor legal de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.

 

Señalan que no hay nada que el gobierno de México pueda hacer para impedirlo, ni para que rindan cuentas”, agregó.

Los abogados de los acusados no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

El pasado 13 de octubre, representantes de dos de las cinco tiendas de armas de fuego que el gobierno de México demandó en el estado de Arizona desestimaron el encauzamiento y, en sus versiones separadas, dijeron apegarse a las leyes federales estadunidenses y por lo menos una de ellas advirtió que evalúa una contrademanda por difamación.

El propietario de Ammo Az en Phoenix, Veerachart Murphy, dijo en tono molesto que podría demandar el gobierno de México y al canciller mexicano, Marcelo Ebrard por difamación.

Dijo que es “completamente estúpido acusar a una tienda de armas de tráfico a través de la frontera para un cártel”.