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Analizan estrategia para denunciar a minera en Urique

2018-06-15 - Gustavo Ramos

La Directora de la Consultoría Técnica Comunitaria (Contec) Diana Villalobos informó que analizan interponer una estrategia ante las autoridades correspondientes contra las minera Río Tinto, por el daño ocasionado al ecosistema en Urique, tras el desbordamiento de una presa de jales mineros que llegó hasta ríos y canales de riego en Sinaloa.


Aunque las dependencias federales, Semarnat, Profepa y Conagua han sostenido que la afectación es mínima, al asegurar que los miles de litros de agua derramada no contienen tóxicos ni químicos dañinos al medio ambiente, denuncias y reportes del estado de Sinaloa contradicen esta información.

Comentó que a través de la prensa revisan el caso por lo que califican el accidente como una contingencia ambiental, la cual no han respondido la forma en que lo solucionarán, además de las pérdidas humanas registradas, el daño ambiental, motivo por el cual revisan interponer la denuncia, sin embargo recordó que ya dentro, no avanzan.

“Lo analizaremos (la denuncia), es parte de las estrategias jurídicas, pero tenemos claro que si se pueden presentar denuncias populares ante Profepa, pero hay muchas denuncias de tala que no han prosperado”, indicó.

Comentó que como parte de la Red de Defensa Tarahumara, quienes mandaron un pronunciamiento contra la actividad minera, así como varias irregularidades de la empresa y su actividad, no han acudido a la zona para revisar el daño, sin embargo reiteró que tras un diagnostico en 20 municipios serranos, se concluyó la afectación que tiene esta actividad para las comunidades indígenas.

“Hay tres grandes proyectos económicos en la sierra, es la minería, la actividad forestal y el turismo, y son proyectos de inversión, claro que el que representa más recurso es la mina que está muy localizada, el mismo cluster minero dice que son 52 mil millones de pesos al año, la actividad forestal de tala legal, 2 mil millones de pesos al año, estas concesiones que otorga el estado mexicano a empresas mineras y los de aprovechamiento forestal, es sin el consentimiento de la población indígena que son los más afectado”, indicó.

Agregó que deben revisar las concesiones y dar voz a las comunidades indígenas, a fin de que sean ellos quienes decidan las actividades en la sierra, principalmente porque son los más afectados y han sufrido deslazamientos forzados por la tala ilegal, la minería, la ausencia de lluvias y la presencia de la delincuencia organizada. “claro que nosotros hacemos la denuncia de lo que está pasando”, sostuvo.




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