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Sierra Tarahumara en manos de la violencia y sin estado de derecho

2018-05-21 - Gustavo Ramos

Un diagnóstico de la sociedad civil dio como resultado que las comunidades indígenas no solo son afectadas por la violencia de los grupos del crimen organizado, sino que el gobierno administra las carencias.



La organización civil Consultoría Técnica Comunitaria (CONTEC) presentó un trabajo de investigación en donde se exploraron las causas y los efectos de la violencia en la Sierra Tarahumara a partir de la implementación de la política de guerra contra las drogas del gobierno de Felipe Calderón y que se ha mantenido durante el de Enrique Peña Nieto.

Al ver cómo se recrudeció de manera alarmante la violencia en aquella región y las formas en las que afecta a la vida de las personas que habitan en ella, la organización civil inició dicha investigación para comprobar una hipótesis: que a partir de la escasa o nula presencia del Estado mexicano para garantizar a los habitantes de la Sierra Tarahumara, el ejercicio de sus derechos humanos, así como la geografía accidentada permitió que los grupos del crimen organizado hayan encontrado un lugar propicio para sentar el control político, social y económico de la zona, con ello, los índices de violencia criminal aumentaron exponencialmente.

Sin embargo, luego de un largo proceso de escudriñar cada uno de los aspectos tocados por la violencia (educación, salud, gobernanza, participación ciudadana y otros), se concluyó que no se confirma la hipótesis, ya que el Estado sí está presente a través de programas sociales que administran y mantienen las carencias y desventajas de la población, en particular de las comunidades indígenas; las fuerzas de seguridad hacen una presencia omisa en la zona, se otorgan permisos de aprovechamiento forestal y de explotación minera.

Lo que sí hay es una ausencia del Estado de Derecho, de administración de justicia, la garantía y respeto de los derechos; aunque no se tuvo oportunidad de analizar a profundidad los datos oficiales utilizados, siendo conscientes del sub-registro de que los programas sociales y presupuestos solo llegan a las cabeceras municipales, no a las comunidades más adentradas en el territorio.

Se comprobó que no hay una política del Estado mexicano frente a la violencia, frente a la impunidad, frente a las desventajas que enfrentan las comunidades indígenas en el ejercicio de sus derechos, frente al despojo que viven; la presencia del Estado Mexicano entonces es una presencia discriminatoria.

Para la investigación se revisaron diversas fuentes bibliográficas, así como la plataforma de acceso a información pública, aportes y comentarios de personas académicas, organizaciones no gubernamentales, empresarios y se hicieron entrevistas con autoridades municipales; se realizaron talleres con las comunidades, y hubo una recolección de información con fuentes locales y monitoreo de prensa.

Se revisaron las condiciones socio-demográficas de 20 municipios sobre los que se ubica el estudio, con énfasis particular en los que trabaja CONTEC; el estudio tiene énfasis en políticas gubernamentales, manifestaciones de la violencia a causa del narcotráfico, así como formas en las que se expresa; también recoge impactos, con énfasis en las mujeres, las formas de resistencia de las comunidades indígenas y las denuncias de las ONGs y la Iglesia Católica.

El documento hace lectura de los hallazgos, conclusiones y propuestas ante la circunstancia generada por la suma de las condiciones geográficas, carencias, riqueza de recursos naturales; las presencias y ausencias del Estado, así como las omisiones y hasta posibles complicidades gubernamentales.

El Foro Amenazas, desafíos y resistencias en la Sierra Tarahumara, fue el marco de la presentación de esta investigación, en la cual participaron en una conferencia magistral, la abogada internacionalista Carmen Herrera y el historiador Froylán Enciso; luego se celebró una mesa panel, se instalaron mesas de trabajo y finalmente, se realizó una sesión plenaria. Al evento acudieron personas de diversas organizaciones civiles, defensores y defensoras de derechos humanos, así como académicos y funcionarios públicos.



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