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Martes, 25 de julio del 2017
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Política

Propone Blanca Gámez elevar penas por violencia política vs la mujer

2017-07-11 - Gustavo Ramos

La iniciativa fue turnada a la Comisión Segunda de Gobernación y Puntos Constitucionales, para valorar la adecuación de leyes estatales.


La diputada Blanca Gámez, presentó una iniciativa para tipificar la Violencia Política contra las Mujeres por Razón de Género, y derogar el Código Penal del Estado, para armonizar el marco jurídico penal y la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

La legisladora comentó que como integrante del grupo promotor de los derechos políticos de las ciudadanas, a fin de identificar las disposiciones necesarias a modificar para prevenir, atender, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencias contra las mujeres.

Indicó que actualmente es facultad exclusiva del Congreso de la Unión legislar en materia de delitos electorales, por lo que manifestó la necesidad de adecuar la ley estatal al modificar los artículos 334 al 344 en materia de delitos electorales.

Las adecuaciones son a varios artículos de la Constitución Política del Estado donde se establece varias acciones que derivarían en delitos contra la mujer, que repercutieran en sus aspiraciones políticas o en un cargo de función pública, así como afectar la dignidad de la persona.

El articulo 189 indica que  a quien por sí, o a través de terceros, por medio de cualquier acción u omisión realizada en contra de una mujer por razón de género, que cause daño físico, psicológico, sexual o económico y tenga por objeto o resultado la restricción, suspensión o impedimento del ejercicio de sus derechos políticos, incluyendo el ejercicio del cargo; o la induzca u obligue, por cualquier medio, a tomar decisiones en contra de su voluntad acerca de esos mismos derechos, se le impondrá de tres a siete años de prisión, de cien a mil días multa, y tratamiento integral especializado enfocado a la erradicación de la violencia política.

La pena se aumentará en una mitad cuando este delito, se cometa en contra de mujeres: embarazadas, adultas mayores, de pueblos originarios, en condición de discapacidad, sin instrucción escolarizada básica, o por orientación sexual e identidad de género.

Sea perpetrado por quien está en el servicio público, por superiores jerárquicos, integrantes de partidos políticos o por persona que esté en funciones de dirección en la organización política donde participe la víctima.

Además, en caso de que el sujeto activo sea servidor o servidora pública, se le inhabilitará para el desempeño del empleo, cargo o comisión público, por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta. Este delito se perseguirá de oficio.

 

 




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