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Aumentan diputados sanción penal vs violencia política de género

2018-08-16 - Gustavo Ramos

Por unanimidad, los diputados locales aprobaron reformar el Código Penal y la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para tipificar la violencia política contra las mujeres por razón de género y penalizar de tres a siete años las agresiones de género.


La iniciativa reformó el artículo 198 al Código Penal del Estado de Chihuahua, el cual considerara como violencia política de género, las agresiones de todo tipo en la cual por medio de cualquier acción u omisión realizada en contra de una mujer por razón de género, que cause daño físico, psicológico, sexual o económico.

Esto, basado en la restricción, suspensión o impedimento del ejercicio de sus derechos políticos, incluyendo el ejercicio del cargo; o la induzca u obligue, por cualquier medio, a tomar decisiones en contra de su voluntad acerca de esos mismos derechos”.

El diputado Miguel La Torre dio lectura al dictamen, donde manifestó que dentro de las facultades del congreso, no se encontraron impedimentos para conocer del presente asunto, donde la propuesta propone reformar la Constitución Política, el Código Penal y la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, todos ordenamientos del pertenecientes al marco normativo estatal, con la intención de definir e integrar la figura de la violencia política contra las mujeres por razón de género.

La violencia contra la mujer puede definirse como todas aquellas acciones y omisiones (incluida la tolerancia) que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular, el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público”, manifestó el diputado.

En este sentido se aprobó que la pena se aumentará en una mitad cuando este delito se comenta  en contra de mujeres: embarazadas, adultas mayores, de pueblos originarios, en condición de discapacidad, sin instrucción escolarizada básica, o por orientación sexual e identidad de género.

También si es perpetrado por quien está en el servicio público, por superiores jerárquicos, integrantes de partidos políticos o por persona que esté en funciones de dirección en la organización política donde participe la víctima.

Además, en caso de que el sujeto activo sea servidor o servidora pública, se le inhabilitará para el desempeño del empleo, cargo o comisión público, por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta. Este delito se perseguirá de oficio.




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