Valores: libertad, justicia, honestidad y transparencia.
Jueves, 23 de noviembre del 2017
A Dios sea la gloria.

Carlos Jaramillo Vela

La columna

2017-01-01 - Carlos Jaramillo Vela

PAN: empeñado en poncharle al PRI las llantas; PRI: a punto de nombrar Delegado
Sección 8º: 1; Gobierno: 0; sale Echavarría de los mandos de la SED.
La Torre vs. Gámez: ¿montaje o escisión?


Apreciables amigas y amigos lectores: Dios los guarde en su gracia y bondad durante este año 2017 y los que vendrán. Felicidades.

 

Ahora que los diputados del Partido Acción Nacional ya no sólo tienen la encomienda de intentar tumbar a Cristián Rodallegas, Delegado del IMSS; sino que también han recibido línea abierta para ir por la cabeza de Jesús Esparza, Auditor Superior del Estado, y meter en vericuetos a Benjamín Palacios Perches, ex Rector de la UTCH y ex Secretario Servicios Parlamentarios y Vinculación Ciudadana del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua; el “tiro está cantado” y es evidente el eventual “lucro político” que algunos ven en el resultado de la andanada de fuego anti priísta que parece haberse desatado desde la bancada albiazul del Congreso del Estado. El PRI lo sabe, porque no es nuevo en éstas lides y entiende que a veces en la búsqueda a ultranza de la permanencia en el poder suelen abandonarse los cánones éticos para dar paso a luchas maquiavélicas y encarnizadas. Pero aunque el tricolor tiene el pellejo más curtido y grueso que el de un elefante, un cocodrilo y un rinoceronte juntos, seguramente no estará pensando poner cristianamente la otra mejilla para seguir recibiendo bofetadas. Ante la evidente estrategia orientada a desinflarle los neumáticos al carro revolucionario desde antes que comience la carrera, dicen que en los altos círculos del CEN del Partido Revolucionario Institucional ya se cocinan planes para empezar a frenar las agresiones recibidas, siendo el primero de ellos el nombramiento del Delegado para Chihuahua, cuya responsabilidad se especula podría conferirse al experimentado Fernando Ortiz Arana.

 

Finalmente después de los ríspidos escarceos motivados por la disputa que sostuvieron la maestra Rosy Hernández, líder de la Sección 8ª del SNTE, y la Secretaría de Educación y Deporte del Gobierno del Estado, a raíz del impugnado nombramiento de Subsecretario, que el gobernador Javier Corral había autorizado a favor del profesor Horacio Echavarría, el poderoso gremio de maestros terminó imponiéndose a la administración estatal. Aún con la ausencia de Elba Esther Gordillo, el SNTE es una organización sindical con enorme fortaleza, mando y presencia en la vida política nacional, porque, paradójicamente, su escisión del PRI y la consecuente fundación del Partido Nueva Alianza en los tiempos de Gordillo, a la postre vinieron a convertir al sindicato magisterial en “la dama que todos quieren cortejar”. Corral lo sabe muy bien, y además no quiere incendios políticos a comienzos de su administración. Por eso prefirió doblar las manos ante las pretensiones de los mentores y giró indicaciones al Secretario de Educación, Pablo Cuarón, para remover a Echavarría, cuya designación en la Subsecretaría de Educación era el obstáculo que impedía un acercamiento entre la Octava y el Gobernador. De todos modos Echavarría será protegido en sus derechos laborales, pues a fin de mantenerle las prerrogativas salariales que alcanzó como alto funcionario de la dependencia educativa pronto se le reubicará en un área de la misma donde no genere tanto ruido su presencia, pero perciba una remuneración similar a la que cobró durante las últimas quincenas. Pese a que aún es temprano para adelantar vísperas respecto al balance quinquenal que habrá de arrojar la relación entre los maestros federales y el gobierno estatal, lo cierto es que al término de “la primera entrada” la pizarra favorece a los mentores por marcador de 1 a 0, y el panorama parece ser propicio para un buen entendimiento entre los profesionales del gis y los funcionarios del gobierno.

 

Los que últimamente están dando qué pensar y qué decir son los diputados locales del PAN Miguel La Torre y Blanca Gámez, el primero de ellos Coordinador de la bancada blanquiazul, y la segunda Presidenta del Congreso del Estado. Al menos en el aspecto formal de sus declaraciones -es decir, lo que sale de los dientes hacia afuera- se aprecia lo que a primera vista parecería ser una clara divergencia entre las posturas sostenidas por ambos respecto a la decisión tomada por el gobernador Corral para aplicar en 2017 las controversiales foto infracciones que generan enorme animadversión en la ciudadanía, mientras que al erario le representan un potencial ingreso de 70 millones de pesos. Analicemos con mayor profundidad el episodio: Esta escena no puede tener más que una de las siguientes dos posibles vertientes: O son reales las diferencias de apreciación manifestadas en torno al polémico tema por los diputados referidos; o corresponden a una argucia cuyo fin es alcanzar un objetivo previamente acordado. Si la primera de las anteriores dos hipótesis fuera en verdad el real reflejo de la posición adoptada por los legisladores panistas sobre el citado caso –lo que en verdad resulta poco factible a principios del quinquenio-, estaríamos ante una grave y prematura escisión entre la alcaldesa capitalina María Eugenia Campos y el gobernador Javier Corral, cabezas de los dos principales grupos que hoy dominan a las tribus del panismo en el estado, pues para nadie es un secreto que los dueños del corazón de Miguel La Torre son la Presidenta Municipal y el ex dirigente estatal del PAN, Mario Vázquez, mientras que las riendas de la incondicional Blanca Gámez están fuertemente asidas por la mano izquierda del Gobernador. Si en apego a la lógica y a las indicaciones del manual de Maquiavelo, la segunda de las alternativas esbozadas fuera la que coincide con la realidad, tendríamos ante nuestros ojos un inteligente montaje estratégicamente concebido para –sin ser una verdadera ruptura entre panistas- sembrar en la opinión pública la percepción de una disociación entre el PAN y el gobierno, con el propósito de intentar salvar al partido del costo político que indefectiblemente –de una u otra manera-, sufrirá la administración estatal por la aplicación de la impopular medida. Por estas sencillas razones el caso La Torre vs. Gámez conduce inexorablemente a la pregunta: ¿montaje o escisión?.

 

Por Carlos Jaramillo Vela

 

carlosjaramillovela@yahoo.com.mx   




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